Lluvia de negociaciones
Desarrollo Económico trabaja con 60 empresas millonarias expansiones
Los decretos de multinacionales y empresas locales representarían unos $515 millones en inversión y 4,624 nuevos empleos. (Archivo / The New York Times)
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) está en negociaciones con unas 60 empresas que mantendrían o establecerían nuevas operaciones en Puerto Rico, aseguró ayer el titular de la agencia, José Pérez-Riera.
Tales negociaciones con multinacionales y empresas locales representarían, en total, unos $515 millones en inversión y la creación de 4,624 nuevos empleos, un impacto que podría comenzar a tomar forma en un lapso de seis meses, indicó el funcionario.
Entre las empresas que reafirmarían o expandirían sus operaciones en la Isla figuran Legacy Pharmaceuticals, Blu Caribe y la Fundación de Investigación De Diego.
Decretos pese al arbitrio
Asimismo, aún después de la aprobación del arbitrio a las corporaciones foráneas, tres de las principales farmacéuticas que operan en la Isla -que en conjunto, representan unos 11,800 empleos- completaron las negociaciones para renovar sus decretos de exención contributiva, dijo Pérez-Riera.
Otras 23 empresas afectadas por el mismo arbitrio estarían en negociaciones con el Gobierno para hacer lo propio, agregó el funcionario. Estos acuerdos supondrían la retención de otros 38,800 empleos.
Aseguró que las conversaciones con el sector industrial ganaron mayor rapidez la semana pasada, una vez el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) se expresó en torno al arbitrio.
El IRS indicó que no cuestionará que el arbitrio establecido por Puerto Rico pueda acreditarse en lugar de una contribución sobre ingresos en las planillas federales, mientras evalúa el impacto que el nuevo impuesto aprobado en la Isla tendrá en los recaudos del gobierno federal. Concluido el análisis, el IRS emitiría guías adicionales en torno al reconocimiento del arbitrio.
Sin revelar los nombres de las farmacéuticas, Pérez-Riera indicó que el acuerdo con una de estas multinacionales representará una inversión de $150 millones. Otro de los decretos suscritos tendría una vigencia de 18 años.
Fuentes de este diario aseguran que las farmacéuticas Pfizer y Merck serían dos de las multinacionales que renovarían sus decretos.
No obstante, este diario también supo que los ajustes en estos decretos en realidad responden a los procesos de reorganización de estas empresas.
En el argot del DDEC, completar el proceso de negociación supone que la junta de directores de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) aprobó los acuerdos o compromisos de empleo, inversión o expansiones propuestos por las empresas.
“La catástrofe de la que muchos hablaban no se ha materializado”, sostuvo Pérez-Riera haciendo referencia a los señalamientos del sector industrial y la oposición política en torno al impacto adverso que el arbitrio tendría en el sector industrial.
Este último alega, por su parte, que los efectos de la Ley 154 no serían inmediatos sino que podrían producirse posteriormente, tal y como sucedió con la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Dicha sección se eliminó a mediados de 1990, pero el cierre de operaciones en la Isla se concretó entre los años 2005 al 2006, cuando concluyó la vigencia de la sección.
No obstante, Pérez-Riera interpreta el volumen de negociaciones como una señal de que “el sector de la manufactura seguirá siendo uno de los motores de la economía”.
Nueva tónica
“Estamos proyectando que todos estos acuerdos podrían completarse en los próximos seis meses”, manifestó Pérez-Riera mientras destacaba que en algunos casos, las primeras etapas de los planes de inversión y contratación por parte de las empresas podrían comenzar en el mismo período.
A preguntas de este diario en torno al alcance de los proyectos y los términos negociados, Pérez-Riera sostuvo que algunos de los casos aprobados por Pridco suponen la permanencia de las operaciones; en otros, se trata de empresas que traerían nuevos productos para manufacturarlos en la Isla, mientras que en otras instancias supondría el establecimiento de nuevas empresas o nuevos proyectos de investigación.
El funcionario rehusó ofrecer datos en torno a la inversión que habría hecho el Gobierno para lograr los acuerdos, indicando que de ofrecer una cifra específica, podría convertirse en una pieza de negociación para las empresas.
Empero, sostuvo que en ciertos proyectos, como podría ser el caso de productos pioneros, el Gobierno concedió la exención total en el pago de contribuciones. Esto en el contexto de la Ley de Desarrollo Socioeconómico (Ley 73).
De otra parte, Pérez-Riera aseguró que la nueva tónica de negociación en el DDEC ha permitido que las empresas se comprometan a crear más empleos que lo propuesto por éstas al inicio de sus conversaciones con el Gobierno.
“Hemos afinado los decretos para no dejar puertas abiertas en torno a los compromisos de empleo”, subrayó Pérez-Riera al agregar que la postura del Gobierno responde a la práctica que prevaleció por parte de algunas empresas.
Según el titular del DDEC, ciertas empresas firmaban el decreto -que podía otorgar una exención total en el pago de contribuciones- mas no creaban los empleos comprometidos sino que pagaban la penalidad porque resultaba mejor.
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